Es importante comprender que la
memoria de Medellín, al igual que otras ciudades de Colombia, está
inevitablemente ligada al fenómeno del desplazamiento forzado, pues quienes lo
padecieron en el siglo pasado, su descendencia (segunda, tercera y posiblemente
cuarta generación) y las nuevas víctimas del desplazamiento forzado, hacen
parte de su propia construcción de ciudad. Así por ejemplo, la primera población de generaciones de
desplazados forzados que arribó a
Medellín, lograron insertarse fácilmente
a las dinámicas citadinas, en crecimiento, desarrollo, formaron asentamientos
que con el tiempo fueron oficializados, hoy ellos hacen parte de la memoria de
la ciudad; situación contraria viven los jóvenes desplazados actuales, que al llegar a la ciudad, son
estigmatizados, rechazados, no encuentran empleo; en contraste con los desplazados de los años
40, 50 y 60; a los actuales desplazados
se les asocia con la violencia, la indigencia, la militancia en grupos
ilegales, el aprovecho indebido de los recursos institucionales y otro tipo de
estigmas, que originan y alimentan la
exclusión social de las víctimas. El joven desplazado es visto como ciudadano
de segunda categoría, víctimas de sospecha
(Marín, D. E., Estrada, C. E, Zuluaga, C 2012). Estos jóvenes
no tienen un espacio dentro de la ciudad, por su condición
vulnerable, es el blanco para los grupos
ilegales engrosar sus filas.
En Colombia persiste la ausencia de una política de prevención de violaciones
de derechos humanos y las carencias en las garantías de protección y
restitución de tierras abandonadas por la población desplazada (auto 008/09).
Dichas razones están estrechamente relacionadas con la “lectura parcial de
las causas” (Acnur, 2007) que ocasionan el desplazamiento de campesinos y de
demás habitantes rurales, debido a que se omite incorporar en la política
pública la relación entre el éxodo forzado y el destierro con la puesta en
marcha de “megaproyectos económicos de monocultivos, explotación minera,
turística o portuaria” (auto 005/09), entre otras iniciativas que se adelantan
a lo largo del país.
Al igual que lo que sucede en los territorios de indígenas y
afrocolombianos, el interés sobre la tierra de los campesinos por parte de actores
armados o no armados, legales e ilegales, se deriva de su valor económico y la
existencia de recursos naturales. Sin embargo, pese a la obligación estatal de
impedir el desplazamiento y la ocupación o apropiación ilegítima de las
tierras, se expiden normas y políticas públicas que intensifican la
desterritorialización vía al desalojo forzado, entendido como “el hecho de
hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras
que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados
de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (N.U.
Observación General nº 7/91).
Justamente, a través de declaratorias de interés general y el otorgamiento
de incentivos, estímulos, créditos y facilidades en el licenciamiento ambiental
se propicia la pérdida de control social y cultural de las tierras por parte de
los titulares legítimos, así como fenómenos de repoblamiento bajo esquemas
regulados legalmente, como sucede con las alianzas estratégicas para la
producción de agrocombustibles.
Debido al conflicto armado interno, los desalojos forzados incrementan las
violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional
humanitario. En efecto, los conflictos que generan las políticas favorables a
los proyectos de desarrollo “se resuelven violentamente, gracias al accionar de
actores armados interesados, o bien en la realización directa de megaproyectos
agrícolas y de explotación de recursos naturales, o bien en el apoyo a ciertas
empresas y actores económicos que desarrollan estos proyectos, y con los cuales
se han asociado para lucrarse con los beneficios de tales actividades” (auto
004/09). El resultado de estas alianzas, consideradas por la Corte como “una de
las principales causas de desplazamiento forzado “(auto 004/09), es despejar el
camino para la implementación de dichos proyectos, en menoscabo de los derechos
humanos de las víctimas. Salinas, Y (2008).
En igual sentido, la combinación de las estrategias militar y social tendiente
a la recuperación de los territorios y la generación de la confianza
inversionista para la puesta en marcha de los citados proyectos encaminadas a
la inserción en los mercados internacionales, no se ajusta al deber
constitucional de proteger la vida y la propiedad de todos los habitantes
rurales. Por el contrario, son frecuentes las denuncias contra servidores
públicos por el asesinato y el destierro de líderes y miembros de las
comunidades que se oponen a aquellos, ampliamente documentadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Procuraduría.
La implementación de los proyectos se ve favorecida por la inseguridad en
la tenencia de la tierra y por las precarias medidas de protección y
restitución de tierras. Por lo tanto, para la satisfacción del derecho a la
reparación integral y a la no repetición se requiere revisar las leyes y
políticas que se oponen a los derechos a la propiedad y posesiones, y construir
patrones de violaciones que permitan identificar las causas del expolio y la apropiación
de las tierras, así como de los responsables (Procuraduría, 2008).
En la
Comuna 8 y 13, y en el corregimiento San Antonio de Prado y el corregimiento
Altavista, el riesgo para la población se deriva del accionar de los grupos
armados ilegales autodenominados Los Urabeños, la Oficina de Envigado y algunos
combos que se resisten a la cooptación por parte de Los Urabeños y por la
probabilidad de que la población civil quede interpuesta en acciones violentas
de estos grupos contra los miembros de la fuerza pública.
Teniendo
en cuenta las acciones de violencia selectiva e indiscriminada que se pueden
registrar en las comunas y en los corregimientos señalados en la zona
geográfica de riesgo, se presume que aproximadamente 95.000 personas que
residen en los barrios de las comunas 8, 10, 13 y 16 y del corregimiento de San
Antonio de Prado y Altavista de la ciudad de Medellín, están expuestos a los
actos de terror, amenazas e intimidaciones, extorsiones, retenciones,
restricciones a la movilidad, reclutamientos y uso ilícito, homicidios,
enfrentamientos con interposición de la población civil, desplazamientos, actos
de violencia sexual y ataques contra la dignidad personal, entre otros, por
parte de los grupos armados ilegales presentes en esos territorios.
Especialmente
se hallan en mayor condición de vulnerabilidad, los niños, niñas y
adolescentes, jóvenes, mujeres, líderes sociales y comunitarios, agrupaciones
artísticas, defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones de
víctimas y de población desplazada, los docentes, estudiantes y personal
administrativo de las instituciones escolares, los transportadores,
comerciantes, tenderos, sacerdotes, religiosas y pastores de las diferentes
iglesias que realizan trabajo social en esas comunidades, como también miembros
y activistas de población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales y personas
transgénero) y personas que consideran socialmente estigmatizadas.
Descripción del riesgo
El grupo
armado ilegal post desmovilización de las AUC autodenominado Los Urabeños para
su fortalecimiento se ha valido de la cooptación de los combos que antes
estaban al servicio de “Valenciano” y de algunos combos que prestaban servicios
a la llamada Oficina de Envigado (narcotráfico). Sin embargo, existen otros
grupos de esta naturaleza barrial y comunal, que continúan al servicio de la
Oficina de Envigado y que han repelido la expansión de Los Urabeños.
Después
del proceso de desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de
Granada el control del territorio quedó en manos de los combos articulados a la
Oficina de Envigado, siendo estos grupos ilegales los que se han encargado de
ejercer el dominio territorial en varias comunas de la ciudad. Estos grupos se
presentan solo como bandas delincuenciales que cobran extorsiones y administran
las redes de microtráfico de estupefacientes. Sin embargo, se observa que
también realizan acciones de control político y social por medio de amenazas y
persecución contra líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, defensores
de derechos humanos y grupos artísticos, que promueven la defensa de los
derechos humanos y se oponen a ser cooptados por los grupos armados ilegales.
Esta
mixtura de violencia política y social ejercida por los combos y bandas de la
ciudad de Medellín, se debe a la estrategia utilizada por el paramilitarismo
para derrotar a la guerrilla y amedrentar a las organizaciones sociales y
políticas caracterizadas por una ideología de oposición en los territorios. El
proyecto paramilitar en Medellín mezcló los elementos narco criminal y
contrainsurgente, incluyendo la eliminación del diferente. El patrón de control
territorial de estos actores armados ilegales permanece con las mismas lógicas
e identidades en las comunas y corregimientos identificadas en el presente
informe de riesgo, lo que evidencia manifestaciones del conflicto armado en la
ciudad.
La
continuidad de acciones de los grupos armados ilegales pos desmovilización de
las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) se debe principalmente a las
debilidades que acompañaron el proceso de reinserción, desarme y
desmovilización que se presentó en la ciudad. El proceso se centró en las
estructuras y bloques de las extintas AUC,
pero no se prestó atención a la base de combos y bandas que articuladas
a la Oficina de Envigado seguían ejerciendo el control territorial.
A partir
de 2008 luego de la extradición de los principales jefes de las AUC, los grupos
ilegales en Medellín se disputaron el control de las diferentes células
adscritas a la Oficina de Envigado, desatando conflictos en los diferentes
barrios entre los combos que se adscribieron a una y otra facción. Se ha
conocido que antes de ser capturado alias Valenciano logró establecer una
alianza con Los Urabeños, que comenzó un proceso de copamiento de los territorios
utilizando como base los combos y bandas que hasta hace poco tiempo estuvieron
bajo su control.
En las
comunas y corregimientos afectados por hechos de violencia y la violación a los
derechos humanos en Medellín se evidencia la lucha entre los combos al servicio
de la Oficina de Envigado y los grupos que apoyan a los Urabeños en diferentes
sectores de la ciudad.
El
conflicto armado a nivel urbano se irá agudizando, no solo desde el
involucramiento de la población civil, también desde la afectación directa
sobre grupos vulnerables o sujetos de especial protección como niños, niñas y
mujeres. Escenario de riesgo que se configura a partir de los siguientes
elementos:
1. El
poder y experiencia militar de Los Urabeños, quienes fortalecidos con miembros
provenientes del Urabá, Chocó y Córdoba y dotados de armas de largo alcance,
suman esa experiencia y armamento a la disputa territorial que se libra a nivel
urbano.
2. El
incremento en las acciones de reclutamiento de jóvenes entre 12 y 17 años, así
como el aumento del riesgo de utilización ilícita de niños, niñas y
adolescentes por parte de combos y grupos armados ilegales post desmovilización
de las AUC, Los Urabeños en el trasporte
de drogas y armas (“carritos”).
3. La
capacidad de intimidación por parte de presuntos Urabeños, sobre las personas y
líderes reclamantes de tierras, buscando la legalización y/o mantenimiento de
los predios despojados años atrás por la vía armada.
4. El
incremento de los ataques en contra de defensoras y defensores de Derechos
Humanos, incluidas las organizaciones de mujeres, con el fin de restarles
capacidad de denuncia.
5. Las
amenazas e intimidaciones contra la población civil que producen
desplazamientos forzados, tanto intraurbanos como hacia otros municipios del departamento
y el país. Con respecto a este punto, basados en el argumento de que las
víctimas son del conflicto armado y no de la actividad de bandas
delincuenciales en el concierto urbano, las autoridades niegan su inclusión en
el registro de víctimas.
Desaparición
forzada
Para el
año 2012, aunque con alguna reducción, la tendencia del fenómeno de la
desaparición se mantiene. Las cifras que posee la Personería de Medellín pueden
ser un poco diferentes con relación a las de la Fiscalía, pero no dejan de
evidenciar la magnitud del problema en la ciudad. Según los datos suministrados
del Informe de la Personería, durante el año anterior 521 de los reportes sobre
desaparecidos ocurrieron en Medellín entre enero y el 31 de diciembre de 2012.
Según esta fuente de la Personería Municipal:
“320
personas continuaban desaparecidas (74%), 116 aparecieron vivas (22%) y 17
muertas (3%)”. 318 de los reportados eran hombres y 203 mujeres. Los reportes
de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años desaparecidos, se han venido
incrementando en los últimos 3 años, con
relación a las cifras de personas adultas. Por su parte, las comunas
1,3, 7, y 10 son las comunas en las que se ha reportado un mayor número de
casos, algo coincidente con el número de niños, niñas y adolescentes
desaparecidos y que continúan desaparecidos en el año” 2013. Oficio enviado por
la Personería de Medellín al Defensor del Pueblo de Antioquia, con fecha del 18
de diciembre de 2012.
Existe
disparidad entre las cifras de las entidades oficiales, permite que se
presenten dos tipos de conclusiones que en principio parecen contradictorias.
De un lado, las presentadas en el debate sobre seguridad del 6 de noviembre en
el Concejo de Medellín, que evidencian una mayor presencia del fenómeno de la
desaparición en las comunas y corregimientos en donde hay más fuerte
confrontación armada entre los grupos armados ilegales pos desmovilización de
las AUC: Los Urabeños y la Oficina de Envigado, como las comunas 8, 13, 16 y el
corregimiento de San Antonio de Prado. Del otro, las conclusiones que presenta
la Personería en el oficio recurrentemente citado, en donde señala que: “La
desaparición forzada es un fenómeno que continúa afectando a hombres jóvenes de
la ciudad y su práctica parece ser mayor en comunas donde el número de
homicidios es menor”. Las Personería también plantea como hipótesis, que la
desaparición está sirviendo, más que como una ventaja militar de los actores,
como un instrumento de limpieza social, en comunas como la 10, en el centro de
la ciudad, o para bajar las estadísticas de homicidios en las comunas que
vienen presentando una disminución en los registros.
Más que
como contradictorias, estos tipos de hipótesis pueden leerse como
complementarias, y es que la desaparición forzada en Medellín es utilizada, al
parecer, como medio para el encubrimiento de homicidios, sea que se trate de
limpieza social, enfrentamientos entre grupos armados ilegales pos
desmovilización AUC, o como también lo cree la Personería Municipal, para
tratar de disminuir las cifras de homicidios en varios territorios.
En la
ciudad de Medellín se presenta el ocultamiento de los cuerpos de las personas
asesinadas y el descuartizamiento o desmembramiento de las víctimas. Según la
información acopiada, en muchos casos, el desmembramiento se realiza en vida,
produciendo un suplicio enorme en las personas. Las partes son introducidas en
bolsas negras de plástico y luego son esparcidas en un amplio territorio,
enterradas en parajes solitarios y en muchos casos, las partes del cuerpo son
arrojadas al río Medellín. El número de casos es difícil de precisar por las
técnicas utilizadas para desaparecer los cuerpos, por eso los procesos de
verdad, justicia y reparación cobran gran importancia para saber lo que
efectivamente le sucedió a los desaparecidos. Otra modalidad de desaparición es
la de lanzar los cuerpos al Río Medellín, según el Informe de la Personería de
2012, se encontraron 49 cuerpos en el río durante el año 2012.
La
práctica del descuartizamiento y tortura de la víctima, son tomados de la heredada violencia de los
años 40, 50 y 60, que generaron las primeras olas de desplazamiento a la ciudad
de Medellín, quien se fue ubicando en ranchos improvisados, comprados a la familia de origen inglés, Cock; aún los últimos lotes en la parte alta
de la ladera nororiental, es comprada
por humildes familias desplazadas por 8, 20 y 35 millones; suelos inestables,
trampa segura para morir sepultados por deslizamientos y avalanchas, en época de
invierno.
El
descuartizamiento con motosierra, y procedimientos similares, ha evidenciado, que en la medida en que el
grupo armado se ve acorralado y es más pequeño, las torturas son más dolorosas y ejemplarizantes, el mismo
descuartizamiento ejercido por los españoles en la reconquista española, cuando
después de la revolución de los comuneros,
líderes criollos como José Antonio Galán, fueron desmembrados, después de un supuesto
acuerdo en el que medio la misma iglesia, y
con posterioridad, cada parte de su cuerpo fue exhibida en la plaza de
los lugares insurrectos.
Aún en
los relatos de las personas mayores está el miedo al campo, y la huida de éste, después de presenciar la masacre entre
liberales y conservadores, con prácticas como el corte de franela; cortar el cuello y sacar la lengua por el
mismo; corte de tamal, cortar en trozos el cuerpo de la
víctima; arrancar la piel de la víctima
y luego cubrirla con sal, colgarles vivos de los cables de la energía de fluido
eléctrico; cortar los testículos de la víctima y luego arrojarlo a los
perros, con la expresión “trágate este
liberal hijo de puta”, cortar dedos,
mutilar, perforar el cuerpo de la víctima, especialmente en zonas genitales, todo ello presenciado después de llegar el
grupo armado en la madrugada o la noche, y hacer salir sus moradores, interrogando la filiación política, separando
según su respuesta, para luego,
en presencia de niños y adultos,
proceder al sacrificio, según el
grupo armado que hiciera presencia en el predio.
A muchas
madres les hicieron tomar el caldo de sus propios hijos pequeños, por ocultar sus hijos aptos para la guerra,
estos y otras atrocidades caminan en el
repertorio silenciado de la historia oral campesina y desplazada.
Familias
enteras han sido torturadas, desplazadas o desaparecidas porque un grupo
guerrillero cruzó por su predio o se les ofreció agua.
El trauma
de líderes guerrilleros como Sangre Negra, Tiro Fijo, entre otros, y su lucha hasta la muerte, data de
presenciar estos vejámenes en su niñez, propinado a sus padres, hermanos,
vecinos y/o amigos.
Lo
anterior significa, que se han traído practicas que en los victimarios por narraciones orales
impactaron, y que ahora reviven, en la
instauración de su poder barrial y conservación de su frontera invisible; si el extraño u opositor osa
traspasarla, ipso facto morirá, no habrá
tregua ni consideración alguna, la venganza ha marcado la simbología de lo
urbano, de lo barrial, cada esquina y cuadra, guarda el recuerdo de
sus muertos y la sed de venganza.
Después
del paréntesis abierto anteriormente, habrá de indicarse que la magnitud del
fenómeno de la desaparición forzada en Medellín, la respuesta institucional ha
sido bastante limitada. El cuerpo de investigación para estos casos sería el
grupo de NN y personas desaparecidas de la Fiscalía Nacional, en la ciudad de
Medellín cuenta solo con 10 personas disponibles para atender tan alto número
de desapariciones reportadas, esto según la información presentada en el debate
en el Concejo Municipal, el día 6 de noviembre de 2012.
El otro problema presentado en
esta sesión, y en el que también coincide el oficio citado de la Personería de
Medellín y las organizaciones sociales que hacen seguimiento y acciones contra
este flagelo, es el de la desarticulación y la dispersión de acciones de las
entidades del Estado que tienen responsabilidades sobre la materia. En
principio, deberían estar articuladas todas las instituciones que hacen parte
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero en la práctica
esto no sucede y en lo pronto solo se está cumpliendo con la activación del
mecanismo de búsqueda, pero una vez activado y si no aparece la persona en un
breve lapso, no hay otro tipo de acciones de investigación y búsqueda más
integrales, porque en pocos eventos se llega al proceso penal.
La desarticulación institucional
también dificulta el cruce de las bases de datos de las instituciones que
tramitan el formato único de búsqueda de personas, lo que hace que la
información esté dispersa en muchas instituciones estatales. El subregistro de
la información es una realidad en la que coinciden las diferentes fuentes
consultadas, este se explica principalmente por el temor a la denuncia, ya que
el control de los grupos armados ilegales en el territorio es absolutamente
intimidatorio. Todas las fuentes también proponen, como alternativas para
sortear las dificultades en la respuesta institucional, la reactivación de una
mesa de coordinación interinstitucional, con la participación de las
organizaciones de la sociedad civil, y una comisión local de búsqueda de
personas.
Según el Defensor Delegado para la Prevención de
Riesgos De Violaciones de Derechos Humanos y DIH y Director del Sistema de
Alertas Tempranas – SAT, hay más de 5.500 miembros de combos en área metropolitana,
muchos de estos son menores de 18 años.
De acuerdo con cifras oficiales
en el Área Metropolitana hay 113 combos delincuenciales conformados por 5.500
jóvenes, puesto que las bandas ejercen presión o usan novedosas estrategias de
reclutamiento, para obligar a los menores a enfilar sus estructuras
delincuenciales. El reclutamiento forzado es el que más genera desplazamiento
intraurbano. “Los padres, para proteger a sus hijos, prefieren marcharse.
De hecho, en 2012 más de 9.000
personas abandonaron sus hogares, la mayoría de los casos, fue por intentos de reclutamiento, seguido
por las amenazas y enfrentamientos.
Por su parte, el Observatorio de
Seguridad Humana de Medellín, reveló el año pasado –durante un Informe de
Derechos Humanos– que en 2012 reclutaron a 440 jóvenes en 14 combos
delincuenciales de la comuna 8 (centroriente).
“Van a los colegios, les ofrecen
drogas, les dan plata por guardar armas
o para que le avisen sobre la presencia de la policía –a los que llaman
‘carritos’– o simplemente los amenazan para que se unan”, revela el
investigador de la Sijin (Seccional de
Investigación Judicial).
La Personería tiene registro de
otras estrategias “Les ofrecen su amistad o protección para crear un vínculo
emocional, que luego se transforma en
participación activa del mundo delincuencial”. Por otro lado organizaciones
sociales de la comuna 1 denunciaron que en el barrio El Granizal existe un
‘museo de armas’, “es una casa del combo
‘los Terranovos’ –se adueñaron de ésta tras desplazar a sus propietarios–. Allí
les muestran a jóvenes y niños las armas de última generación que han
adquirido, así los convencen para que se les unan”, reveló uno de los
investigadores de una de las corporaciones quien pidió reserva de su nombre.
Los grupos paramilitares de la zona vienen
reclutando a los jóvenes para ganar posición y reconocimiento de ‘los
Urabeños’, que anunciaron su entrada a la zona. (El Tiempo.com 2013).
Hay que
desvertebrar a las 14 Odin (Organizaciones Delincuenciales Integradas al
Narcotráfico), que son las que articulan a los otros 119 combos del Valle de
Aburrá.
- Las
Odín son: “La Unión” (comuna 15, Itagüí y el Aburrá Sur), “Trianón” (Envigado),
“Picacho” (comuna 6), “Los Chatas” (Bello y Aburrá Norte), “Pachelly” (Bello y
Aburrá Norte), “San Javier” (comuna 13), “Robledo” (comunas 7, 11, 12, 13 y 16;
corregimientos San Cristóbal y Altavista), “Belén” (comuna 16 y corregimiento
Altavista), “Altavista” (corregimientos Altavista y San Antonio de Prado), “San
Pablo” (comunas 1, 3 y 4), “La Terraza” (comunas 3 y 4), “Los Triana” (comunas
2, 4 (donde se está realizando la investigación del biullying) y 7,
corregimiento San Antonio de Prado, Bello e Itagüí), “Caicedo” (comunas 8 y 9)
y “La Sierra” (comuna 8).
-
Preocupan tres comunas, que albergan gran cantidad de combos: comuna 13 (de 30
a 32 combos), comuna 6 (35 combos identificados) y comuna 8 (14 a 16 combos).
Esta problemática, que limita la libre movilidad de la gente, se da en la
mayoría de las comunas. Los puntos críticos están en estos barrios y sectores
de Medellín: Belén Rincón, La Colina, Aguasfrías, La Pradera, Juan XXIII, La
Divisa, La Quiebra, El Socorro, Santa Lucía, Las Estancias, Bello Horizonte,
Villa Flora, El Hueco de la Candelaria, La Esperanza, Palermo, Villatina, San
Antonio, Villa Liliam, Los Chivos, Mano de Dios, Limonares 1 y 2, La Loma,
Peñitas, San Pedro. Y en Calatrava (Itagüí), La Miel (Caldas) y La Inmaculada
(La Estrella). Éstos últimos, municipios
periféricos de la ciudad Medellín.
Otro
reto de la Policía junto a las demás autoridades es prevenir el desplazamiento
forzado intraurbano, que no cede en Medellín y que refleja las disputas entre
los combos delincuenciales. Según Personería,
hasta febrero de del 2013, 1.201 personas declararon ser desplazadas de
sus barrios. Se trata de 378 familias, cuya expulsión coincide con los sectores
más conflictivos y con mayor número de combos enfrentados por control
territorial y negocios ilícitos de droga, lo que explica que las comunas 13
(Occidente, con 120 familias), 8 (Centro-oriente, 75 familias), así como la 2 y
3 (Nororiente), se mantengan como las zonas con mayor desplazamiento de
población. Desde 2007 el desplazamiento presenta un aumento continuo. El año
pasado 9.400 personas denunciaron ser víctimas de este delito. Hace dos
semanas, tras la captura de alias “Carlos Pesebre”, 28 personas abandonaron sus
casas en el barrio Aures por amenazas de combos pertenecientes a la estructura
del delincuente detenido.
Las principales causas de expulsión
consignadas en las declaraciones son amenazas, presiones para ingresar a combos
a los niños y jóvenes, homicidios, extorsiones, agresiones físicas y violencia
sexual, de acuerdo con las autoridades. Ospina G. Matta,
N. y Monroy J. C. (2013).
Otro
control territorial de los combos es el económico, Según FENALCO
(Federación Nacional de Comerciantes), más de 25.000 pequeños
comerciantes son extorsionados en la capital antioqueña, lo que representa un
ingreso para los grupos armados ilegales de más de 40.000 mil millones de pesos
mensuales, en vacunas que puede oscilar entre los 10.000 y 100.000 pesos.
La Comuna
10 (La Candelaria), es la comuna más afectada por este delito en contra de los
comerciantes, tanto formales como informales; en el centro, desde los almacenes
de calzado hasta las ventas ilegales de música pirata, son extorsionadas por
los combos presentes en la Comuna 10. En populares calles como La Playa,
Bolívar o el sector de El Raudal, los combos piden las llamadas “cuotas de
seguridad”, por eso todavía los identifican como “Convivir” (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).
Las
principales rentas ilegales por las cuales se enfrentan los grupos armados en
las comunas y corregimientos advertidos en el presente informe son: la
extorsión al sector transportador y las ventas en el mercado del microtráfico
de las drogas. Es el caso de la Comuna 8, en donde cada autobus de servicios
público de los 120 automotores que prestan el servicio en la comuna Villa
Hermosa, paga alrededor de 300 mil pesos por mes; imponen un toque de queda de
facto a partir de las 8 de la noche por lo que después de las 9 p.m. los buses
no prestan servicio.
Los
taxistas, que arriesgando la vida llevan una carrera, deben hacerlo con las
luces exteriores apagadas y la interior encendida, cada combo que se encuentra
en el camino les cobra 1.000 pesos por carrera, y en la frontera de Tres
Esquinas, los taxis que no pagan vacuna
son devueltos. En el barrio La Sierra vacunan al que gana el salario mínimo,
estas personas están censadas porque son considerados los pudientes del barrio.
Hasta los trabajos temporales son víctimas de extorsión.
Según
información de la comunidad, en la Comuna 8, la actividad comercial se redujo a
menos del 50%, ya que debido al alto costo de las extorsiones y el fuego
cruzado que ha disminuido las ventas, se han cerrado muchos locales
comerciales; también porque existe una regulación en los alimentos, solo se le
puede comprar a alguien que llaman el distribuidor, artículos como arepas, los
huevos, la cebolla y la leche.
Se calcula
que 4 negocios pagan 3 millones de pesos mensuales y 102 negocios de menor
tamaño, pagan 5 mil pesos semanales en toda la zona afectada por el conflicto.
El grupo armado ilegal post desmovilización de las AUC conocido como los
Urabeños tiene expendios ilegales de gasolina y también venden medias de
aguardiente y garrafas, las personas les compran porque la estación de gasolina
más cercana se encuentra en una Comuna a la que no pueden pasar (frontera
invisible), la 9 (Buenos Aires), el
combustible se vende en ventorrillos casi al doble de una estación
convencional. La situación es dramática si se tiene en cuenta que la población
de la Comuna Villa Hermosa tiene unos altos índices de pobreza. Los estratos
socio económicos que priman son el 1 y 2, el 93% de las familias se encuentran
en el SISBEN. El 70% de la población devenga sus ingresos de la economía
informal y tan solo el 5% de la población económicamente activa supera el
mínimo.
El tejido
económico también se ha visto seriamente golpeado en la Comuna 13, debido a las
“vacunas”, las extorsiones al transporte y al comercio, incluso, con la
extorsión a proyectos de infraestructura; se estima que el transporte público
paga 50 mil pesos a la semana por cada bus. Hay diversas formas de extorsión en
la comuna al comercio, que van desde la solicitud de productos en especie, una
vacuna de 5.000 pesos semanales, hasta extorsiones millonarias a grandes
tiendas.
La extorsión en Medellín muestra
un alto impacto que está teniendo en la micro economía de las familias de
escasos recursos. La guerra en los barrios populares de Medellín se está
financiando con recursos de la propia gente humilde, personas que no han
ejercido plenamente sus derechos y que esta situación conflictiva los coloca en
una brecha social mayor, quedando aun más lejos del umbral del restablecimiento
y la realización de los derechos, algo que implica una doble victimización
desde la perspectiva de la inclusión social.
El informe de la Personería
muestra que se interpusieron 197 quejas contra miembros de la fuerza pública,
mientras que en la Defensoría Regional, se tiene un dato de 250 quejas. No
obstante, ante el temor de la gente, la Personería reconoce que no se presentan
suficientes denuncias formales. Señala también, que un problema serio para la
presentación de las denuncia, es que los
miembros de la fuerza pública utilizan elementos de dotación como chalecos
antibala, cascos y escudos que ocultan la identificación de los elementos
policiales.
La grave
situación de vulneración de Derechos Humanos para la población civil en el
municipio Medellín, ha llevado a que de manera reiterada el Sistema de Alertas
Tempranas -SAT- de la Defensoría del Pueblo mediante los informes de riesgo 009
de marzo 21 de 2007, 016 del 29 de septiembre de 2010 y 026 de noviembre 13 de
2012, haya visibilizado los factores de amenazas y las condiciones de
vulnerabilidad de los habitantes de las diferentes comunas de la ciudad y
promovido la respuesta institucional con miras a la mitigación del riesgo y
fortalecer las acciones de prevención. Sin embargo, teniendo en cuenta que el
riesgo persiste, que la dinámica del conflicto armado se ha complejizado y que
el riesgo para la población civil se mantiene, las anteriores advertencias
serán subsumidas en el presente informe de riesgo.
Con relación a los hechos que
generaron el desplazamiento forzado de 110 jóvenes de la Comuna 13, integrantes
del movimiento hip hop de la Comuna, presentados durante la primera semana de
noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió el informe de riesgo de inminencia
No. 026 de noviembre 13 de 2012. Las recomendaciones de este informe han venido
siendo implementadas por las autoridades competentes. Sin embargo, este informe
por ser de riesgo inminente y dirigido a la protección de una población puntual
perdió vigencia. En este nuevo informe de riesgo se expone una situación de
violencia que afecta cuatro comunas de la Ciudad de Medellín y una población un
poco más amplia.
Ante el escenario ya advertido de
alto riesgo para la población civil de las comunas: 8 Villa Hermosa, 10 La
Candelaria, 13 San Javier, 16 Belén y del corregimiento de San Antonio de
Prado, ante la actual confrontación por el control territorial, económico y
social, sostenido entre los grupos armados ilegales pos desmovilización de las
AUC los Urabeños, que desde 2011 vienen
extendiéndose con fuerza en el territorio y algunas facciones de La Oficina de
Envigado que aún intentan mantener el control, es probable la ocurrencia de las
conductas vulneratorias reseñadas en la descripción de riesgo del presente
informe a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para que
convoquen una mesa de coordinación interinstitucional y una comisión local de
búsqueda de personas, con participación de las organizaciones sociales, que
permita la coordinación y articulación de bases de datos entre las diferentes
instituciones del Estado que tienen responsabilidades con la búsqueda de
personas desaparecidas y se active el mecanismo de búsqueda de personas
desaparecidas para tramitar los casos que han sido denunciados.
A la Presidencia de la República,
la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, para que de forma
concertada estudien la declaratoria de una Emergencia Humanitaria en las Comuna
8 (Villa Hermosa) y 13 (San Javier) de Medellín, que implique una respuesta
integral del Estado, entre otras, reactivar programas sociales, adelantar
acciones urgentes de atención y reparación a las víctimas y de reconstrucción
del tejido social y de las relaciones económicas comunitarias.
A la Procuraduría General de la
República, para que, en ejercicio del poder preferente, adelante las
indagaciones e investigaciones disciplinarias por las quejas de graves
vulneraciones de los derechos humanos cometidas por presuntos miembros de la
fuerza pública en las comunidades y corregimientos antes referenciados.
A la Personería Municipal de
Medellín, apoyar el seguimiento a la situación de los derechos humanos y el DIH
en la zona identificada en riesgo y velar que las autoridades competentes del
orden local cumplan las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo
a través del SAT para prevenir y/o disminuir el riesgo de posibles violaciones
de derechos humanos e infracciones al DIH.
A la Fuerza Pública y autoridades
civiles, para que en el marco de las recomendaciones y escenario de riesgo aquí
descrito, informen de manera periódica a la Defensoría del Pueblo, las
actuaciones y medidas derivadas del presente informe de riesgo y sus alcances
con respecto a la mitigación del riesgo advertido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 282 y 283 de la Constitución Política de 1991, y a
los artículos 15 y subsiguientes de la ley 24 de 1992.
Resulta
preocupante que de las 16 comunas que conforman la ciudad de Medellín, en los
registros de homicidios entre enero 1 y noviembre 30 de 2012, esta comuna ocupó
el segundo lugar en la comisión de esa conducta violenta. Los homicidios que
allí han acontecido suelen ser calificados como acciones de la mal llamada
“limpieza social”, en la que los habitantes de calle han sido las principales
víctimas. Pero de una alta criminalidad organizada en el centro de la ciudad se
evidencian acciones que son propias de la presencia de actores armados ilegales
que tienen entre sus propósitos desestabilizar las alternativas políticas y
sociales que se construyen en la región
El 21 de
noviembre de 2012 se conoció una nota extorsiva firmada por una autodenominada
Junta Militar Urabeños y dirigida a los establecimientos comerciales que
funcionan al interior de la Universidad de Antioquia. En ese escrito exigen a
cada negocio el pago de un millón de pesos semestrales a modo de impuesto de
guerra o de lo contrario son considerados enemigos de la organización y
declarados “objetivos militares”. Ese supuesto grupo ilegal asegura tener el
control del sector y sus alrededores, ubicado en la Comuna 10, y afirman que
“no permitirán guerrilleros, sapos, gamines, delincuentes, carritos o
infiltrados que atenten contra nuestra organización y nuestras unidades y
mandos ya lo hemos demostrado en Medellín, Urabá, Chocó, Santa Marta y Sucre”.
Los
defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas y reclamantes de tierras,
organizaciones sociales, ONG, organizaciones comunitarias y demás expresiones
organizativas de carácter social y cultural vienen siendo objeto de
persecución y amenazas. Muchas de estas organizaciones tienen su sede en el
centro de la ciudad y están expuestas a las acciones intimidatorias de los
grupos ilegales como a la violación a sus sedes para la sustracción de
información. El Instituto Popular de Capacitación, IPC fue víctima en
septiembre de 2012 de un hurto de información y de documentos relacionados con
denuncias de derechos humanos.
El
control de la criminalidad y el narcotráfico en el Valle de Aburrá, implica el
control, intimidación o cooptación del tejido organizativo social y político.
El control de la ciudad de Medellín como centro de poder también le permite al
actor dominante administrar un amplio número de rutas internacionales del narcotráfico
y un lugar preferente en la negociación con otros carteles internacionales de
tráfico de drogas y armas, como las organizaciones criminales mexicanas.
La
presencia de Los Urabeños y otras expresiones de grupos armados ilegales pos
desmovilización de las AUC en la ciudad de Medellín, también tiene el propósito
de entorpecer la oferta institucional en materia de restitución de tierras,
atención a víctimas, reparación por Ley de Justicia y Paz entre otros, usando
el recurso de la intimidación, la amenaza y los homicidios contra reclamantes
de tierras y víctimas en general, con el fin de asegurar impunidad y mantener
por las vías de hecho la expropiación de tierras lograda años atrás en
diferentes subregiones del Departamento de Antioquia. Poder de intimidación que
por la vía armada han demostrado en por lo menos dos ocasiones como fueron los
paros armados realizados en varias regiones del país (paro armado de octubre de
2008 y paro armado de enero de 2012 en Antioquia, Chocó, región del Urabá, y
varios departamentos de la región Caribe).
A nivel
económico, los grupos ilegales, mediante el uso de los combos presentes en la
mayoría de las Comunas, la cooptación de excombatientes de otros bloques de las
extintas AUC y la utilización de jóvenes mediante la intimidación y la amenaza,
mantienen el control ilegal sobre economías legales mediante el cobro de
extorsiones y tributos forzosos a comerciantes, transportadores, vendedores
informales, vendedores de loterías y chances, tenderos, dueños de vehículos particulares,
entre otros, y por las vías legales aseguran el lavado de esos ingresos. El
microtráfico de estupefacientes en el mercado interno cada vez genera mayores
dividendos, por esta renta ilegal hay también una alta competencia entre los
combos y bandas de la ciudad, que entorno a ellas organizan su territorialidad
y la anexión a facciones como Los Urabeños o la Oficina de Envigado. Sánchez,
J. (2012).
Un estudio del Centro de Análisis
Político de la Universidad EAFIT (Rendón
A. J. 2012) demostró que los combos delincuenciales que operan en la ciudad
controlan en algunas comunas de Medellín el mercado barrial, especialmente los
huevos, el pollo, las arepas y la leche,
además de las rentas ilícitas tradicionales como el microtráfico y la
extorsión, los integrantes de combos ejercen presión para que en las tiendas y
mercados barriales, se vendan productos sin marcas que ellos proporcionan, para
obtener recursos.
“Lo primero que se hizo fue mirar la participación del mercado de distintas marcas de estos productos en comunas con y sin presencia de grupos armados ilegales. Desde el punto de vista económico no hay razón alguna para que de estos productos existan pocos oferentes y si una alta concentración, pues no involucran tecnología e innovación; es decir, no tienen barreras de entrada. Así que la intuición era que si había pocos oferentes de estos productos era por cuenta de la coerción de los combos”.
El estudio encontró que los
mercados de los productos escogidos son concentrados para todas las comunas en
Medellín. Sin embargo, la concentración en las comunas con presencia de grupos
delincuenciales se muestran en productos con marcas caseras o que no tienen
marca.
Según la investigación, las variaciones del índice de concentración para todos los productos se ven afectadas significativamente por la decisión de la venta de productos sin marca o marcas poco reconocidas en el mercado.
“En los ejercicios econométricos realizados se encuentra que la presencia de combos delincuenciales cercana a la ubicación de la tienda, incide positivamente en la probabilidad de vender productos sin marca. Esto es especialmente notorio en el caso del mercado de los huevos y las arepas”.
Las comunas donde se encontró mayor presión de los combos para vender sus productos son la Comuna 1 en los barrios El Popular, Santo Domingo Savio, Carpinelo, Granizal y la Avanzada, en la Comuna 4 los sectores de Campo Valdez (lugar donde se está realizando la investigación del bullying), Aranjuez y Manrique Oriental, en la Comuna 13 los barrios Las independencias, Blanquizal y la Divisa.
Otra de las rentas de los combos
a investigar es el espacio público como escenario de economía criminal,
especialmente en el centro de Medellín, que a través de la vigilancia, la venta
de minutos de celular, de la prostitución, del préstamo de dinero por medio del
paga diario (los prestamistas llegan a las personas más necesitadas y les
facilitan el dinero a intereses que superan el 10% diario, lo cual hace
imposible pagar cualquier deuda), el contrabando, la piratería, entre otras,
los integrantes de los combos obtienen recursos para su subsistencia.
Finalmente, cabe reflexionar acerca de los referentes de seguridad y de autoridad que han
interiorizado los estudiantes de los colegios de Medellín, si frente a la autoridad barrial, son los combos los que monopolizan el poder
y la autoridad, autoridad a las que
temen sus mismas familias y las autoridades educativas, y donde el esquema de autoridad oficial que
han incorporado por sus vivencias, es el
de la corrupción y abandono a su propia suerte, donde prima la ley del más
fuerte, donde la libertad, justicia,
equidad, dignidad y derechos humanos,
brillan por su ausencia; lo cual
se ha constituido en caldo de cultivo
para el resentimiento y reproducción de la violencia en sus distintas
manifestaciones; máxime cuando observan
que sus padres honestos, sudan de sol a
sol trabajando y viven en la pobreza, sin poder cubrir sus necesidades
básicas, y sobreviviendo de subsidios
estales, haciendo largas filas, en tanto,
sus vecinos y pariente que viven de las drogas, corrupción e ilegalidad, disfrutan de todas las comodidades y llevan
una vida holgada.
BIBLIOGRAFÍA
Marín, D. E., Estrada, C. E,
Zuluaga, C (2012). Quebrando vidrios. Los jóvenes postulan sus
proyectos de investigación sobre temas de juventud en Medellín. Editorial
Parque Explora.
Acnur, ( 2007) [.Link]
Salinas, Y (2008). El impacto de los
megaproyectos en las tierras campesinas. Procuraduría 2008 [.link], [.Link]
(El Tiempo.com 2013). Con amistad y protección combos de Medellín
reclutan menores de edad [.link]
Ospina G. Matta, N. y Monroy J. C. (2013). Lo que en Antioquia y Medellín esperan de
Santos y León Riaño. El Colombiano [.Link]
